Detectan fraude con programa federal

Fidel Urbano G.
El Mundo de Córdoba

Región.- La brigada Servidores de la Nación denunció que se han reportado casos de empresas que piden hasta mil pesos mensuales a beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para dejarlos ser parte de sus negocios. Aseguraron que ya se detectó a los responsables y que se procederá conforme la Ley, ya que es un delito federal que se castiga con cárcel.
María Margarita Castro Nolasco, coordinadora de Programas Federales en Cosco, explicó que hasta el momento se tiene un avance de un 50 por ciento del registro de empresas y un 70 por ciento de jóvenes que asisten a estas instituciones para aprender y al año puedan poner su propio negocio o ser contratados con experiencia.
La entrevistada afirmó que se han registrado casos de algunas empresas que le están cobrando a los jóvenes del programa entre 600 y mil pesos para que sean parte de sus negocios y los capaciten, hasta el momento solo se tienen registrados dos instituciones de las cuales ya se están haciendo las investigaciones para que pasen a las autoridades correspondientes, debido a que es un delito cobrar o extorsionar a los jóvenes.
En la región son cerca de 50 empresas las que están participando en el programa y cerca de 300 jóvenes los que son capacitados, además dijo que si el joven no acude a laborar la misma empresa puede reportarlo y se retira el pago mensual, y si la empresa no está capacitado al joven, él también puede denunciar estos hechos para que la empresa sea retirada.
Por su parte Rogelio Rodríguez García, Delegado Regional de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Orizaba, señaló que se tiene el conocimiento de que algunas empresas han cobrado a los jóvenes para que se inscriban, es un tema que de acuerdo a la Reforma del Código Penal Federal, “el mal manejo de programas representa un delito grave que ni siquiera tiene derecho a fianza y es pagado con cárcel.
Exhortó a que las empresas no incurran en este delito, y a los jóvenes, si son extorsionados para entrar a laborar, que denuncien para que la Secretaría del trabajo realice una supervisión y vigile que el programa cumpla con su objetivo.