Acusa defensa de Lozoya que sanción es ilegal

La SFP inhabilitó como servidor público por 10 años a Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto Reforma

Agencia Reforma

CdMx.- La inhabilitación de 10 años contra Emilio Lozoya es ilegal y tiene una falla esencial de origen porque la Secretaría de la Función Pública no es competente para sancionar faltas administrativas graves, afirmó su abogado, Javier Coello Trejo, en un posicionamiento.

La defensa del ex director general de Petróleos Mexicanos indicó que el procedimiento legal debió ser turnado por la SFP al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ya que es la autoridad que sí tiene atribuciones para castigar este tipo de conductas.

“La autoridad de Función Pública es incompetente para resolver el presente asunto, pues todas las disposiciones legales desde la Constitución Política hasta la última ley secundaria señalan que la autoridad competente para resolver una falta administrativa grave es el TFJA”, dice el texto del defensor.

El abogado refiere, en particular, que la Contraloría federal fundamenta su sanción en los artículos 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), y este último señala que la SFP sólo debe substanciar el procedimiento administrativo y turnarlo al tribunal para su resolución.

De acuerdo con el litigante, la SFP dice “amañadamente” que Lozoya está confundido en cuanto a la aplicación de la ley, pues el TFJA se declaró incompetente y por eso la SFP siguió conociendo del caso, hasta resolverlo.

“Solamente que olvida que dichos artículos (208 y 209 de la LGRA) ni le dan competencia y el primero se refiere a los procedimientos de faltas administrativas no graves y el segundo al procedimiento de faltas administrativas graves, por lo que nos encontramos ante un proceso campechano y a modo para que la autoridad pueda ‘justificar’ su ilegal y necio proceder en la resolución del presente asunto”, señala Coello.

Sobre la conducta que le imputan a su cliente, explica que la SFP se basó en una ‘supuesta’ omisión de Lozoya, consistente en no haber informado de una cuenta de inversión a nombre de su mamá.

“Lo que omite la dependencia es que Emilio Lozoya sí informó la existencia de la cuenta bancaria eje o cuenta bancaria principal, de la cual derivó la cuenta de inversión, por lo que en ningún momento existió el elemento dolo para tratar de ocultar información bancaria del servidor público”, dijo.

En relación al señalamiento de la Función Pública, de que la firma de Lozoya aparece en documentos bancarios relacionados con esa cuenta, Coello advierte que es una afirmación no probada y que constituye una “notable violación a los derechos humanos”.

“Dicha información deviene de una apreciación meramente subjetiva y sin elemento de prueba idónea que acredite que las supuestas firmas que calzan los documentos bancarios pertenezcan a Emilio, pues en ningún momento del procedimiento se llevó a cabo prueba pericial alguna en materia de grafoscopía”, añadió.

Lozoya presentará en breve un juicio de nulidad ante el TFJA, en contra de esta inhabilitación de 10 años para desempeñar cualquier cargo público federal, derivado de la inconsistencia que constituye la tarjeta bancaria de su madre en sus declaraciones patrimoniales.