El presidente en su memorándum

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Agustín García Márquez

Es una incógnita el memorándum. El día 16 de abril, el presidente de la Tercera República Centralista firmó el documento para instruir a los secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, con diversas medidas para enfrentar la creciente oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa”, emitido en el Congreso federal el 27 de marzo pasado.
Por su parte, la CNTE afirmó ese mismo día que el dictamen de 572 páginas no contenía sus propuestas y lo rechazó. Con eso, y sin la mayoría de diputados en el congreso, necesaria para reformar la constitución, una de las principales promesas electorales quedó entrampada por sus aliados de la CNTE, y el presidente lanzó su memorándum con “lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.
Casi de inmediato, al conocerse el contenido del memorándum, diversos especialistas en derecho coincidieron en que carecen de fundamento legal tales “lineamientos y directivas”. Al menos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no hay indicaciones al respecto y el artículo cuarto de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo señala que los actos administrativos de carácter general “deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos”, además de que no cumple con la fracción quinta del artículo tercero, de que todo acto administrativo debe estar fundado y motivado, en atención a lo indicado en los artículos 14, 15 y 16 constitucionales, referentes de la seguridad jurídica.
En el ámbito legal, fundamentar significa citar las normas legales en las cuales se basa el acto de autoridad, y motivar es presentar los argumentos que llevan a la autoridad a emitir la orden. El memorándum no señala ninguna norma legal explícitamente, solo dice que se fundamenta “en las facultades que me confiere el cargo que detento”.
Respecto a la motivación, el presidente afirmó que: “las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descredito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”.
Tal diagnóstico demuestra claramente que el presidente se extravió en su propio discurso electoral. Dos de los investigadores del tema más importantes del país, Carlos Ornelas, en su libro La contienda por la educación. Globalización, neocorporativismo y democracia, y Gilberto Guevara Niebla en Poder para el maestro, poder para la escuela. La explicación más completa y lúcida de la Reforma Educativa, señalan que el Sistema Educativo Mexicano ha sido corrompido por líderes sindicalistas y políticos con intereses particulares, y que la reforma educativa básicamente es una cruzada contra las prácticas corruptas.
De las lecturas se comprende que los grupos opositores a la reforma educativa corrompieron la educación mexicana, convirtiéndola en un negocio con un alto costo para el desarrollo social del país, y que en el afán de mantener sus privilegios se aliaron a MORENA durante la campaña presidencial, y ahora sabotean la contrarreforma educativa del presidente.
Con una pobre y equivocada motivación del memorándum, que le echa la culpa al pasado, sin entender las consecuencias de su estrategia electoral, ordena que las “instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, en tanto no haya acuerdo con los opositores al proyecto de la contrarreforma constitucional en materia educativa.
Ante las críticas, al otro día, el 17 de abril el presidente se vio obligado a reconocer que el documento no era de orden jurídico, sino político, pero que si había algún acto ilegal invitó a proceder ante las instancias legales. Ese mismo día se presentó el primer amparo contra el memorándum.
Al margen de la ley, el memorándum tiene las características de una iniciativa política para negociar el desacuerdo con sus aliados electorales, pero de nada le sirvió; la CNTE ya anunció manifestaciones para el primero de mayo y un paro laboral de 48 horas. También parece un intentó de cancelar la reforma educativa, iniciada en 2013, y “dejar las cosas como estaban”, según prometió el presidente el día 8 de abril; el significado de tal declaración casi pasó inadvertido, pero el memorándum finalmente descubrió uno de los secretos políticos más escandalosos del país: el obradorismo carece de un proyecto educativo propio.

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