Veracruz indígena: 500 años después

Hands writing on old typewriter over wooden table background

Agustín García Márquez

Es un lugar común decir que la población indígena sigue igual después de 500 años del desembarco de la expedición de Hernán Cortés en Veracruz. Como en muchos otros temas de urgente atención, es una manera de simplificarlo para ofrecer soluciones rápidas: “todos los indígenas son pobres, hay que darles apoyos económicos”.
Desde el uso de la categoría étnica empiezan las dificultades; no a todos les gusta y existen muchas formas de ser indígena; para los programas de gobierno se creó un catálogo de localidades proporcionado por Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, validado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se basa en el registro del número de personas que hablan una lengua indígena en la localidad, pero en los últimos tres censos nacionales desde los ayuntamientos se alienta a los vecinos para que declaren que hablan un idioma originario (y que son pobres), para que puedan acceder a programas destinados para ese sector demográfico. Así, mientras que los profesores bilingües reportan el descenso de alumnos de lengua materna indígena, los censos dan cifras alegres.
Luego hay otro problema más complejo. Las familias y grupos dominantes en las comunidades, llamados caciques, basaban su poder en la interlocución entre la gente y los gobiernos estatales y el federal; antes requerían cierto mestizaje cultural para acceder a los apoyos externos y ahora la política federal para fortalecer la cultura indígena ha creado una situación paradójica, en la que los individuos con mejores condiciones económicas, de salud y educación se presentan como indígenas, en tanto que las familias más pobres migran y a través de la adaptación cultural a las ciudades, intentan mejorar sus condiciones de vida dejando atrás su cultura indígena.
Ahí está la explicación de porqué los gobernadores y diputados son recibidos con rituales y ropajes tradicionales, pero el resto del tiempo es muy difícil ver a las autoridades municipales con el traje típico. La Cumbre Tajín es otro buen ejemplo. Mientras un grupo muy bien organizado participa en las festividades, siempre hay una pobre multitud de vendedores ambulantes afuera de parque temático.
El gasto federal para programas de apoyo a la población indígena se está quedando en las elites, pero no llega a la mayoría de los habitantes porque les basta la fotografía de un escenario de funcionarios públicos con indígenas para suponer que están haciendo bien su trabajo. Las imágenes publicadas de los xochitlallis de feria el pasado primero de marzo ilustran muy bien la nueva situación.
En Veracruz no está claro cuántas personas hablan una lengua indígena realmente y probablemente un porcentaje importante se encuentra en las ciudades o fuera del estado, especialmente los más pobres, lugares a donde no llega la atención gubernamental que se ocupa de las comunidades controladas por los caciques nuevamente “indigenizados”.
Otro sector de la población indígena, la mayoría profesionistas, sin ser miembros de las históricas familias dirigentes, o con cacicazgos incipientes, están pugnando por el control de las instituciones indigenistas como la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, que depende directamente de la oficina del gobernador. En este contexto es que se está promoviendo que la dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz se convierta en Subsecretaría de Educación Indígena, sin considerar los estudios de factibilidad financiera.
Los movimientos sociales, organizaciones y diversos grupos mantienen también sus propias demandas y formas de lucha. Lo que está ocurriendo es demasiado complejo y el gobierno del estado carece de las herramientas para atenderlas; inmovilizado con su propio paradigma del “pueblo bueno y sabio”, múltiples procesos se están desarrollando y al estilo de los viejos tiempos, solo corren cuando algo explota para pagar los daños y mantener contentos a los grupos políticos locales, como ocurrió en Soledad Atzompa el pasado mes de febrero y en esta semana en el conflicto por el agua de la presa Yuribia que dejó sin agua a Coatzacoalcos.
Por su parte, en la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Veracruz se incluyó la formación de un consejo consultivo, constituido apenas el año pasado, que está exigiendo ahora un porcentaje del presupuesto estatal y la supervisión de su aplicación en comunidades indígenas. De prosperar el amparo que interpuso ante la justicia federal, una parte importante de las finanzas estatales se verían comprometidas en un momento de incertidumbre económica. De igual forma, como en casi todo el estado, el tema está en los últimos lugares de atención, al final de una larga lista de pendientes.
Así, como ocurre desde medio milenio atrás, los no indígenas todavía no entienden que no entienden las dinámicas culturales de las comunidades indígenas, pero suponen que van a salvarlos de algo, que tampoco comprenden. Y así pasaran otros quinientos años.

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