Los primeros pasos del nuevo Veracruz

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Agustín García

En pocos días la nueva administración estatal fue puesta a prueba. Han sido difíciles como cualquier comienzo, agravadas por las circunstancias de doce años del fidelismo y duartismo que destrozaron el estado, que todavía impuso un periodo de dos años con la única finalidad de impedir que se consolidara una forma de gobierno alterna.
Además de la conformación del equipo político, con bajos perfiles, escasa experiencia y en muchos casos de exfuncionarios de sospechas en su desempeño anterior, los procedimientos de entrega – recepción iniciaron lentamente y aún no concluyen.
Luego vino la parálisis. Los nuevos funcionarios iniciaron ensayando soluciones para viejos problemas, convencidos de que todo estaba mal hecho. Aún si así fuera, las novedosas soluciones requieren de tiempo para realizar los ajustes necesarios.
Un ejemplo fue la declaratoria de Emergencia Humanitaria, para solicitar el apoyo internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, el cual se fue diluyendo entre los discursos y terminó como una solicitud de “Declaratoria de programa emergente por crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas”, conforme a los artículos 90 y 96 de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que hizo el nuevo gobernador en su toma de protesta al presidente de la mesa directiva del Congreso estatal.
El documento de la declaratoria describe su objeto, fundamento, considerandos, el reconocimiento de la situación y resolutivos con acciones inmediatas y una plan de acción. Además se le anexaron un diagnóstico preliminar e informes y recomendaciones nacionales e internacionales. El texto de 51 páginas fue publicado en el portal electrónico de la Oficina del Gobernador.
Curiosamente, en el resolutivo de la declaratoria, el artículo primero le cambia el nombre y le llama “Programa Emergente de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación a las víctimas, en el Estado de Veracruz, por violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas”.
También se incluye la creación de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobierno para darle seguimiento a la declaratoria y al plan de acción, junto con un Consejo Asesor y observadores.
A pesar de la publicidad que se le ha dado, hasta el día jueves no había sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado, y era todavía una declaratoria. Tal vez se han distraído porque línea más estridente ha sido, sin embargo, la lucha por la liberación de los presos duartistas capturados durante la época del yunismo azul, que incluyó el episodio de la detención momentánea del propia fiscal de Veracruz, quien ha perseguido judicialmente al grupo duartista.
El día 4 de diciembre, el fiscal ingresó al Palacio de Gobierno pero a sus escoltas se les impidió acompañarlo y al salir fueron detenidos por la policía estatal y elementos militares de la Armada de México para una revisión. Esa fue una fuerte declaración pública de hasta dónde está dispuesta a llegar la administración estatal para liberar a los funcionarios duartistas acusados de corrupción.
Con sendos amparos del poder judicial federal, varios duartistas han salido de prisión para continuar sus procesos legales en libertad, siendo el caso más notable el del ex secretario de Seguridad Pública, acusado del delito de desaparición forzada y, sin duda, el principal responsable de la situación que dio lugar a la Declaratoria de programa emergente por crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.
Luego, el miércoles 5 el gobernador morenista acusó al ex gobernador y al fiscal de haber pactado la liberación de los duartistas, aunque propiamente siguen bajo proceso en libertad, es decir, aún no han sido exonerados de su responsabilidad legal. Al otro día, el jueves 6 de noviembre, el presidente del Congreso del Estado saltó al escenario para recordarle al fiscal que ya acumuló diez solicitudes de juicios políticos y que seguramente será destituido por los diputados del Congreso del Estado. Como respuesta, ese mismo día el fiscal aludió a pactos oscuros entre el duartismo y el morenismo, y también puso en la mesa una cifra: 700 carpetas de investigación contra ex funcionarios públicos.
Como antes, como siempre, la lucha entre los políticos, sus acciones, declaraciones y controversias están lejos de lo que es importante para los ciudadanos: aún no terminan las desapariciones y las personas desaparecidas y sus familiares no obtienen justicia.
En este caso y en otros, si la nueva administración estatal se enfoca en atender los problemas de la lucha por el poder político y olvida los temas fundamentales de la gente común, continuará acercándose al escenario que alguna vez describió John F. Kennedy: “Los que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta”.

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